​Desde el ámbito colegiado y con el compromiso ético y sanitarista que nos demanda la salud colectiva, manifestamos nuestra más enérgica advertencia y repudio ante el acelerado proceso de vaciamiento, desfinanciamiento y abandono estatal que atraviesa el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).

​Lo que hoy se pretende presentar bajo el eufemismo de reordenamiento fiscal es, en la práctica asistencial concreta, una política deliberada de asfixia programada sobre la red prestacional y un flagrante incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de las máximas autoridades sanitarias de la Nación.

​Frente a este escenario crítico, denunciamos:

​La destrucción de la red prestacional por licuación arancelaria:

El congelamiento y retraso deliberado de los aranceles, cápitas y módulos quirúrgicos —que hoy ni siquiera cubren el costo de descartables, medicamentos e insumos esenciales— empuja a la quiebra al sector privado prestador, responsable de más del 50% de las camas de internación en el país. Exigir la continuidad de servicios a pérdida equivale a forzar el cese de la atención por goteo, desentendiéndose de las consecuencias vitales que esto acarrea.

​El colapso inducido del subsistema público:

La interrupción de convenios y la negativa de atención en sanatorios no hace desaparecer la enfermedad: traslada de forma inmediata y masiva una demanda hipercompleja y vulnerable hacia los hospitales públicos provinciales y municipales. Esta sobrecarga desborda guardias y salas de internación ya exigidas al límite, fragmentando la continuidad asistencial y poniendo en jaque a todo el sistema sanitario integrado.

​La precarización y vulneración del equipo de salud:

Los profesionales de la salud no somos variables de ajuste ni escudos de contención del desamparo estatal. El deterioro de los honorarios, el atraso en los pagos y la sobrecarga asistencial constituyen una degradación del ejercicio profesional que lesiona la dignidad del trabajo médico y expone a los colegas a dilemas éticos y riesgos de responsabilidad legal inadmisibles frente a la falta de insumos básicos.

​El abandono inaceptable de la población adulta mayor:

La salud es un derecho humano fundamental garantizado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales, no una mercancía prescindible ni una "carga" presupuestaria. Negar prestaciones, diferir cirugías y cortar el acceso a medicamentos a quienes aportaron toda su vida configura un acto de violencia institucional y desamparo hacia el sector más vulnerable de nuestra sociedad.

​La evasión de responsabilidades y el corte del diálogo:

La falta de respuestas, el bloqueo de las vías institucionales y la táctica del "silencio administrativo" de la cartera sanitaria nacional reflejan una preocupante insensibilidad y deserción en la conducción de la salud pública, pretendiendo desviar hacia otras áreas ministeriales un problema sanitario que es estrictamente de su competencia y responsabilidad directa.

Frente a esta situación, ​exigimos:

​- La convocatoria urgente e indelegable a una mesa de diálogo resolutiva entre las autoridades del Ministerio de Salud, el PAMI y las entidades prestadoras.

-​La adecuación inmediata de los valores arancelarios y cápitas a la estructura real de costos operativos, garantizando honorarios médicos dignos.

-​La cancelación inmediata de la deuda acumulada con las instituciones y profesionales que sostienen la atención diaria.

-​La garantía incondicional del Estado Nacional respecto a la continuidad y calidad de las prestaciones para todos los afiliados.

​La salud pública no se gestiona con indiferencia ni con planillas descontextualizadas de la realidad clínica. Defender al PAMI, a sus prestadores y a los profesionales médicos es defender la vida de nuestros mayores y el derecho inalienable del pueblo a una atención digna y oportuna.

Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires

Consejo Superior